La seguridad, la migración y la economía hondureña dependen de decisiones que se toman fuera del país. Un análisis de la dependencia que ningún gobierno reciente ha logrado revertir.
Cada vez que en Honduras se discute seguridad, empleo o el valor del lempira, la conversación termina —tarde o temprano— en Washington. No es una exageración retórica: es la descripción de una economía y una política de Estado atadas, en sus variables más sensibles, a decisiones que se toman en tribunales, en el Congreso y en la Casa Blanca de otro país.
El nuevo gobierno de Nasry Asfura heredó esa dependencia y, con ella, un margen de maniobra estrecho. Repasar los tres frentes donde esa relación se juega —seguridad, migración y economía— ayuda a entender por qué la política exterior hacia Estados Unidos no es un tema más de la agenda, sino el eje que ordena a casi todos los demás.
Seguridad: cooperación con condiciones
El frente de seguridad es el más visible y, quizá, el menos incómodo para el discurso oficial. La reciente visita a Tegucigalpa del vicealmirante estadounidense Jeffrey K. Randall reactivó la agenda de cooperación bilateral en defensa, con el narcotráfico y el crimen organizado como prioridad declarada. El eje técnico de esa colaboración sigue siendo el memorándum de interceptación aérea suscrito en enero de 2023, que habilita mecanismos conjuntos para detectar y monitorear aeronaves sospechosas.
Autoridades hondureñas presentan esa cooperación como acceso a tecnología e inteligencia que el país no podría costear por su cuenta. La contracara es la dependencia operativa: buena parte del monitoreo antinarcóticos pasa por estructuras como la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, con sede en Florida, y por información que Estados Unidos decide —o no— compartir. La seguridad nacional, en los hechos, se coadministra.
Migración: el TPS como termómetro
Si algo dejó claro el último año es que la política migratoria estadounidense se define en clave interna de ese país, con Honduras como espectador. El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños terminó formalmente en septiembre de 2025, y en junio de 2026 la Corte Suprema de Estados Unidos cerró la puerta legal al establecer que los tribunales federales tienen una capacidad muy limitada para revisar esas decisiones del Ejecutivo.
El resultado es concreto: alrededor de 55.000 hondureños que llevaban más de dos décadas trabajando legalmente en Estados Unidos quedaron expuestos a perder su autorización laboral y, eventualmente, a procedimientos de deportación. Para el Estado hondureño el desafío es doble. Por un lado, la gestión diplomática para negociar prórrogas o vías alternativas. Por otro, la preparación —hasta ahora insuficiente— para recibir a connacionales que podrían regresar de forma abrupta, sin haber podido liquidar sus bienes ni planificar el retorno.
Economía: la dependencia que sostiene el consumo
Aquí es donde la relación deja de ser un asunto de política exterior y se vuelve una cuestión de sobrevivencia cotidiana para millones de hogares.
Las remesas son el mejor ejemplo. En 2025 alcanzaron un récord histórico de 12.212 millones de dólares y representan más de una cuarta parte del PIB, un aporte que supera con holgura al del café, la maquila y el camarón sumados. El detalle decisivo: cerca del 98 % de ese dinero proviene de Estados Unidos, enviado por una comunidad de alrededor de 1,8 millones de hondureños. Más del 80 % de esos fondos se destina a necesidades básicas —alimentación, salud, educación—, de modo que cualquier sacudida en el origen se siente de inmediato en la mesa familiar.
Y las sacudidas ya llegaron. Desde enero de 2026 rige en Estados Unidos un impuesto a las remesas enviadas en efectivo, que —aunque las estimaciones sobre su impacto agregado varían— golpea directamente a los hogares receptores y a la captación de divisas del país. A ello se suma la exposición comercial: cerca del 40 % de las exportaciones hondureñas y el 70 % de la producción de maquila tienen como destino el mercado estadounidense, lo que vuelve a la economía especialmente sensible a la política arancelaria que se decida en Washington.
El costo de gobernar bajo tutela
El respaldo público de la administración estadounidense a Asfura durante el proceso electoral consolidó una relación política estrecha, pero también dejó una pregunta incómoda: ¿cuánta autonomía real conserva un gobierno cuya legitimidad interna fue cuestionada y cuya economía descansa sobre decisiones ajenas?
La respuesta no es ideológica, sino estructural. Ningún gobierno reciente —ni el de Xiomara Castro, con su retórica soberanista, ni el actual, con su alineamiento explícito— ha logrado desmontar esta dependencia. Las remesas estabilizan el presente, pero también reflejan la incapacidad histórica de generar empleo productivo dentro del país. La cooperación en seguridad aporta capacidades, pero a cambio de coadministrar decisiones soberanas.
El verdadero debate, entonces, no debería girar en torno a qué presidente se lleva mejor con quién en Washington. La pregunta de fondo es si Honduras está dispuesta a construir las condiciones internas —empleo, seguridad, instituciones— que le permitan negociar desde otra posición. Mientras eso no ocurra, el rumbo del país seguirá definiéndose, en buena medida, a más de tres mil kilómetros de distancia.
Wil — DiarioRoatan.com